Ayer dos novedades judiciales volvieron a hegemonizar el escenario político. La Cámara Federal porteña decidió rechazar el planteo de nulidad que la defensa de Amado Boudou había presentado el martes pasado, y el juez federal Claudio Bonadío firmó la elevación a juicio oral y público de la causa que lo tiene como procesado por irregularidades en la compra de un vehículo que adquirió en la década del ‘90. Boudou ingresó datos falsos en la documentación de un Honda rojo modelo 1992 patente WYT716. Será el TOF Número 1 entonces el tribunal encargado de enjuiciar al vicepresidente.
Simultáneamente, la defensa de Romina Mercado, presidente de la sociedad anónima Hotesur y una de las imputadas por Bonadío, acusó al magistrado de haber tomado esa causa “como un elemento de presión para evitar su destitución”, según el escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi.
“Está claro, entonces, que el magistrado, cuya recusación se solicita, carece de la indispensable legitimidad en su actuación, no inspirando confianza ni en la ciudadanía ni el justiciable”, afirmó Beraldi en un escrito que consta de 22 carillas.
En caso de que Bonadío rechace la recusación, lo resolverá la Cámara Federal.
De este modo, se puso en marcha el mecanismo, motorizado desde el gobierno, para desplazar a Bonadío de la causa Hotesur. Esto, al mismo tiempo que la elevación a juicio oral que afecta a Boudou, obliga a sus defensores a poner en marcha mecanismos dilatorios para postergar la realización de aquél. Uno, el más obvio, consistiría en la recusación del tribunal oral que toque según el sorteo, aunque también podrían plantear la inexistencia del delito. Obviamente, en ambos casos, Hotesur y la irregular compra del Honda, el oficialismo aplicará, con distintas recetas, una misma estrategia: hacer valer todos los mecanismos dilatorios posibles. Esta decisión tiene una sola explicación política y es que, en caso de ganar el Frente para la Victoria las elecciones presidenciales, el gobierno podría -con su crédito político renovado- apostar a controlar nuevamente al Poder Judicial y cerrar la ola de procesamientos que hoy avanza. Claro está que, en caso de ganar un candidato opositor, la dilación de los procesos sólo haría que en el 2016 muchas causas tuvieran sus plazos agotados, encontrándose en condiciones de ser elevadas a juicio oral.
Pero el problema judicial para el gobierno ya no pasa sólo por ganar las próximas presidenciales, lo que no le será fácil. Los operadores judiciales del cristinismo aceptan que se está conformando un bloque de jueces y fiscales unidos por su rechazo a la nueva reforma al Código Procesal Penal. En el vértice de este movimiento está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; en un escalón más abajo, se cuentan media docena de camaristas de Casación de los cuales los más notables son Mariano Borinsky y Juan Carlos Geminiani, este último recusado por la defensa de Boudou en la causa Ciccone. Geminiani, muy cercano a la cúpula de la UCR, es considerado la reserva más importante de este partido para cubrir una vacante en la Corte Suprema. En un tercer escalón hay varios jueces de cámara pero los que más se destacan son los jueces federales como Rodolfo Canicoba Corral, Bonadío, María Servini de Cubría, Ariel Lijo y Luis Rodríguez junto con los fiscales Guillermo Marijuán y Carlos Stornelli.
Un futuro sin garantías
El gobierno sospecha -y con fundamentos- de que aun triunfando Daniel Scioli este movimiento que está reflotando la independencia judicial podría tener la suficiente fuerza como para llevar al banquillo de los acusados hasta a la misma presidente. La línea de defensa del kirchnerismo pasa por la continuidad de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General durante el próximo gobierno, ejerciendo los superpoderes que le otorga la reforma procesal penal y amparada por el artículo 13 de la Ley 24.946, que dice: “Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad. Los magistrados que alcancen la edad indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el término de cinco (5) años, y podrán ser repetidas indefinidamente, mediante el mismo procedimiento”. La batalla de fondo es entonces entre Lorenzetti y Gils Carbó, cuando la tendencia marca que cada vez más jueces y fiscales cortan lazos con el gobierno.
En las últimas semanas, varios allegados a la presidente habrían presionado a Scioli para arrancarle la promesa de que, si llega a presidente, defenderá la reforma procesal penal y la continuidad de Gils Carbó en su cargo. El gobernador bonaerense elude las definiciones como puede pero su silencio público sobre estos temas es todo un mensaje que no presagia nada bueno para la elite cristinista. Reservadamente, varios de los precandidatos presidenciales, empezando por Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Julio Cobos, ya se habrían comprometido con Lorenzetti a plantear en el 2016 la derogación de la reforma procesal. Otros, como Mauricio Macri y Sergio Massa, se mueven con extrema prudencia y dilatan cualquier definición.
Carlos Tórtora.
